EL ESTATAL GTO

Celaya, Gto., 19 de agosto de 2025.– Acorde a loa manifestado por el Presidente Municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez, el municipio de Celaya avanza con la autorización de la creación de la Dirección General de Derechos Humanos, una nueva dependencia que integrará varias coordinaciones especializadas para atender problemáticas clave: las Unidades de Migrantes, Diversidad Sexual y el Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Celaya (SIPINNA).

De acuerdo a lo manifestado por el síndico Francisco Torres Álvarez, presidente de la Comisión de Gobierno y Reglamentos, en el proceso legislativo se contemplarón todas las opiniones y tras aprobarlo en comisiones unidas de Gobierno y Reglamentos y Recursos Humanos se sometió al pleno del Ayuntamiento que fue artículo transitorio en la nueva Ley de Gobierno y Administración Municipal para someterla a votación en comisiones conjuntas de Gobierno y Reglamentos y Recursos Humanos, que podría celebrarse en cuestión de días. La presidenta de la Comisión de Recursos Humanos y Servicio Civil de Carrera, la regidora panista Fátima González Reyna, señalo que la creación de la Dirección implica un incremento de 1.79 millones de pesos al año únicamente en salarios. Manifestó que tanto la fracción del PAN como la regidora del Partido Verde votaron en contra, al considerar que las funciones de la nueva dirección ya se realizaban con la estructura existente.

El cumplimiento de esta disposición se enmarca en la ley que obliga a los municipios de Guanajuato a constituir esta instancia en los primeros 60 días siguientes a la entrada en vigor de esa norma; aunque cuentan con un plazo máximo de un año para cumplirlo. El municipio está dentro de ese margen, aunque con cierto rezago

La nueva dirección contará con: Un titular con su propio staff; cuatro coordinaciones especializadas: Diversidad Sexual, Migrantes, SIPINNA (Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes) y Célula de Búsqueda; un equipo básico de apoyo compuesto por un psicólogo, un abogado y una estafeta.

En términos presupuestarios, el incremento mensual en la nómina municipal sería de alrededor de 200 000 pesos. Esto se debe a que cada coordinador percibirá 24 000 pesos mensuales, y el titular de la dirección 37 000 pesos.

La puesta en marcha de la Dirección General de Derechos Humanos representa un avance importante en la estructura municipal, ya que por un lado centraliza el abordaje de temas sensibles como derechos de la infancia, diversidad, migración y búsqueda de personas; y, por otro, da una respuesta tangible a compromisos legales derivados de la nueva ley local.

Sin embargo, no se cuenta aún con información pública sobre el proceso de selección de los titulares, sus perfiles, criterios de evaluación o mecanismos de rendición de cuentas. Igual de relevante resulta monitorear cómo se articulará el trabajo de esta nueva dependencia con organismos como la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Aunque la estructura está casi completa, su consolidación dependerá de varios factores: eficacia y transparencia en la selección del personal; coordinación interinstitucional clara para evitar duplicidades; supervisión ciudadana y seguimiento a los casos atendidos.

Además, debe garantizarse que el aumento presupuestario se traduzca en real beneficio para quienes más lo necesitan. En un contexto como el de Celaya, donde los derechos humanos han sido objeto de atención, este nuevo órgano podría representar una herramienta clave si se fortalece con recursos humanos competentes, autonomía operativa y mecanismos de fiscalización efectivos.

La creación de la Dirección General de Derechos Humanos en Celaya es un avance estructural significativo, aunque aún en etapa final de aprobación. Se espera orgullo y responsabilidad de parte de las autoridades municipales —y un seguimiento vigilante por parte de la ciudadanía y la sociedad civil— para que esta nueva instancia cumpla su propósito de proteger y garantizar derechos fundamentales en el municipio.