EL ESTATAL GTO

Guanajuato, Gto. a 1 de octubre de 2025.- En un gesto contundente hacia la agenda de derechos humanos y protección de infancia, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó ante el Congreso estatal un paquete de iniciativas legislativas que apuntan a endurecer las sanciones por delitos sexuales, violencia familiar y acoso sexual cometido por servidores públicos. La propuesta central: la creación de un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales que «ficharía» a quienes sean condenados por delitos de carácter sexual contra niñas, niños y adolescentes. “En el Gobierno continuamos trabajando cada vez con más fuerza, para erradicar y combatir la violencia en todas sus formas, pero muy especialmente aquella violencia que se ejerce en contra de nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres. Sabemos de la magnitud que ese reto implica, pero también en esa misma magnitud, es el reto que tenemos para hacer cada vez más”, dijo la Gobernadora.

Las propuestas legislativas enviadas al Legislativo estatal operan en tres frentes:

Registro público de agresores sexuales: La iniciativa busca modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado y el Código Penal local para instituir un sistema público que concentre información de quienes cuenten con sentencia firme por delitos sexuales cometidos contra menores. La gobernadora lo describe como una herramienta de prevención y de justicia: “una agresión sexual cometida contra niñas o niños no debe quedar en el olvido… quien los agreda debe saber que será parte de un registro público que lo identificará para evitar nuevas agresiones.” Además, se espera que este mecanismo contribuya a la identificación de reincidentes y al fortalecimiento de políticas públicas de prevención.

Reforma al Código Penal en materia de violencia familiar: Esta iniciativa pretende elevar las sanciones para quienes cometan actos de violencia familiar y, fundamentalmente, eliminar la posibilidad de que los agresores eviten prisión mediante beneficios procesales, como la suspensión condicional del proceso. García Muñoz Ledo argumenta que muchas personas condenadas por violencia familiar son liberadas bajo esas figuras y terminan reincidiendo o incluso cometiendo feminicidio.

Acoso sexual como falta grave en el servicio público: Aunque el acoso sexual ya está tipificado como delito, la gobernadora propone que en la Ley de Responsabilidades Administrativas se agregue un artículo 57 bis para que el acoso cometido por servidores públicos sea considerado una falta administrativa grave. Esta medida aplicaría aun cuando no exista una relación jerárquica o el acto haya sido incidente aislado. En la práctica, esto permitiría que los funcionarios acusados de acoso sean sancionados disciplinariamente de manera ejemplar, sin que puedan sortear responsabilidades alegando falta de subordinación formal.

La gobernadora fundamenta sus reformas en datos alarmantes de la Fiscalía General del Estado: de enero a agosto de 2025 se abrieron 714 carpetas de investigación por violación, de las cuales aproximadamente 50 % correspondieron a víctimas menores de edad. En el mismo periodo, se registraron 1,459 carpetas por otros delitos sexuales, con la mayoría de las víctimas siendo niñas, niños y adolescentes.

Este paquete legislativo llega en un contexto de creciente exigencia ciudadana por acciones efectivas contra la impunidad en delitos sexuales y violencia de género, no solo en Guanajuato, sino en todo México, donde muchas víctimas enfrentan barreras para que sus casos sean investigados y sancionados con eficacia.

Al presentar las iniciativas, García Muñoz Ledo no descartó que los legisladores estatales “enriquecerán” las propuestas, pero enfatizó que el espíritu debe conservarse: cero impunidad para agresores.

Aunque bien recibidas por organizaciones de derechos humanos, estas propuestas no están exentas de desafíos:

Constitucionalidad y derechos humanos: La creación de un registro público de agresores sexuales podría colisionar con derechos como el de presunción de inocencia (antes de sentencia firme) o de reinserción social. El diseño jurídico deberá cuidar estos equilibrios para evitar que la reforma sea declarada inconstitucional o inoperante.

Mecanismos de actualización y vigilancia: Un registro de este tipo lleva aparejados desafíos técnicos: quién administra el sistema, cómo se actualiza la información, qué criterios de acceso público, garantías de seguridad de datos, errores judiciales, entre otros.

Coordinación interinstitucional: La efectividad real de estas reformas dependerá del compromiso y capacidades del poder judicial, fiscalías, sistema penitenciario, instituciones de atención a víctimas y vigilancia ciudadana.

Recursos y capacitación: Para que estas reformas no queden en letra muerta, los cuerpos policiacos, jueces, policías de investigación y servidores públicos deberán recibir capacitación con perspectiva de género e infancia, así como contar con recursos de investigación, atención y protección.

Si estas iniciativas logran aprobarse y aplicarse correctamente, representan un cambio estructural en el enfoque legislativo del estado hacia la violencia sexual y familiar. La propuesta de “fichar” agresores, endurecer sanciones y sancionar el acoso institucional público puede servir como modelo para otras entidades.

No obstante, el éxito dependerá de la voluntad política de los legisladores, la vigilancia ciudadana permanente y el diseño de protocolos legalmente sólidos que respeten derechos fundamentales. En el balance estará el verdadero impacto: si estas medidas serán solo simbólicas o efectivas para proteger a quienes más lo necesitan.