EL ESTATAL GTO

Por Laurencio Covarrubias C.

En una democracia, la libertad de expresión no termina en el micrófono del periodista ni comienza únicamente en la responsabilidad del medio de comunicación. Existe un tercer protagonista que durante mucho tiempo ha permanecido en segundo plano: la audiencia, es decir, el ciudadano que escucha, observa, recibe información, forma opiniones y toma decisiones a partir de los contenidos que circulan en el espacio público.

Precisamente en ese terreno se encuentra hoy uno de los debates más delicados de la vida pública mexicana: la propuesta del Gobierno Federal para fortalecer los derechos de las audiencias mediante nuevos lineamientos aplicables principalmente a los medios de radio y televisión.

La discusión no es menor. En el fondo se enfrentan dos derechos que deben coexistir y que, cuando se regulan mal, pueden terminar chocando: el derecho de la sociedad a recibir información plural, oportuna y confiable, y la libertad de expresión y de prensa de quienes generan y difunden esa información.

El Gobierno de la presidenta Claudia El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 28 de julio los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y abrió una consulta pública que concluyó el 21 de agosto. La propuesta contempla obligaciones para concesionarios de radio y televisión, entre ellas contar con códigos de ética, mecanismos para atender quejas y figuras de defensoría de las audiencias.

El propósito declarado es fortalecer derechos que ya tienen fundamento constitucional y legal. El artículo 6º de la Constitución reconoce el derecho de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de expresión.

Hasta aquí, difícilmente alguien podría objetar el principio. El problema aparece cuando se intenta determinar quién decide qué es información veraz, qué es opinión, qué constituye una descontextualización y quién tiene la última palabra cuando existe una controversia.

EL CIUDADANO FRENTE AL PODER MEDIÁTICO

Durante décadas, la relación entre los medios y sus audiencias fue esencialmente vertical. La radio y la televisión hablaban; el público escuchaba o veía. Había cartas, llamadas telefónicas y eventualmente espacios de réplica, pero el ciudadano carecía de herramientas institucionales suficientemente fuertes para reclamar cuando consideraba vulnerados sus derechos.

La evolución tecnológica modificó ese escenario. Hoy cualquier persona puede cuestionar públicamente una información, comparar fuentes, consultar documentos y participar en redes sociales. Sin embargo, esa multiplicación de voces no necesariamente significa que exista mejor información. También ha crecido la desinformación, la manipulación de imágenes, la difusión de contenidos fuera de contexto y la confusión deliberada entre información, opinión, propaganda y publicidad.

Por eso resulta razonable que el Estado busque establecer condiciones mínimas para que las audiencias puedan identificar con mayor claridad qué están viendo y quién se los está diciendo.

La propuesta federal plantea, entre otros aspectos, distinguir la información noticiosa de la opinión y diferenciar la publicidad del contenido informativo. También incorpora mecanismos relacionados con el derecho de réplica.

Son medidas que pueden fortalecer la cultura democrática si se aplican con criterios claros y sin convertir al Gobierno en editor de los medios.

LA FRONTERA PELIGROSA

Aquí comienza la parte más sensible: el derecho de las audiencias no puede transformarse en un derecho del Gobierno a decidir qué información puede difundirse; la diferencia parece evidente, pero en la práctica puede ser extraordinariamente difícil.

¿Quién determina cuándo una noticia está suficientemente contextualizada? ¿Quién decide si una información es incompleta o simplemente forma parte de una investigación en proceso? ¿Dónde termina una noticia y comienza legítimamente la interpretación del periodista? ¿Cuándo una opinión puede considerarse discriminatoria? ¿Qué sucede cuando dos medios presentan interpretaciones diferentes de los mismos hechos?

La propuesta generó precisamente inquietudes por la posibilidad de que algunas disposiciones fueran interpretadas de manera punitiva y por las atribuciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Diversos especialistas advirtieron que una regulación de esta naturaleza requiere límites especialmente precisos para evitar que la defensa de las audiencias termine afectando la libertad de expresión.

La propia presidenta Sheinbaum ha sostenido que los lineamientos no constituyen censura y que no buscan que el Estado determine qué es verdadero y qué es falso. El Gobierno también ha señalado que los medios deberán establecer sus propios códigos de ética y contar con defensores de audiencias: La aclaración es importante, pero no suficiente.

En una democracia, las buenas intenciones no sustituyen los candados institucionales.

EL FANTASMA DE LA CENSURA

La palabra «censura» ha ocupado buena parte de la discusión. Y aunque el Gobierno rechaza que ése sea el objetivo de la propuesta, la preocupación no puede descalificarse simplemente como una reacción de los medios. La razón es sencilla: una norma de esta naturaleza no debe diseñarse pensando únicamente en quién gobierna hoy, sino también en quién podría gobernar mañana.

El poder político cambia de manos. Los gobiernos terminan. Las mayorías legislativas se modifican. Los funcionarios son sustituidos. Pero las leyes permanecen. Por eso, la pregunta fundamental no debería ser si el actual Gobierno utilizaría los lineamientos para censurar a un medio crítico. La pregunta correcta es otra:

¿El diseño institucional impediría que cualquier gobierno futuro pudiera ¿El diseño institucional impediría que cualquier gobierno futuro pudiera hacerlo?

Ése es el verdadero examen democrático. Una regulación que hoy parece conveniente porque pretende combatir información falsa podría convertirse mañana en una herramienta peligrosa si otro gobierno decide interpretar de manera extensiva sus facultades.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS

Pero defender la libertad de expresión tampoco significa conceder a los medios un cheque en blanco. Los concesionarios utilizan frecuencias que forman parte del espectro radioeléctrico, un recurso de naturaleza pública, esa condición implica responsabilidades frente a la sociedad.

La audiencia tiene derecho a saber cuándo está frente a una noticia, cuándo escucha una opinión y cuándo recibe publicidad. También tiene derecho a mecanismos para reclamar cuando considera que sus derechos fueron vulnerados.

En ese sentido, la existencia de defensores de las audiencias puede representar un avance importante si verdaderamente funcionan con independencia, profesionalismo y transparencia. El propio proyecto contempla que los medios cuenten con códigos de ética y mecanismos de defensa para sus públicos. El reto será evitar que esas figuras sean simples estructuras burocráticas destinadas a cumplir un requisito.

Un defensor de audiencias debe ser una puerta real para el ciudadano, no un muro entre éste y el medio.

LAS MAÑANERAS

El debate también ha abierto una pregunta inevitable: si el derecho de las audiencias debe proteger a los ciudadanos frente a la información difundida por los medios, ¿qué ocurre con la información que difunde directamente el Gobierno?

Las conferencias matutinas de la Presidencia tienen una enorme capacidad para establecer la agenda pública. Sus contenidos son reproducidos por medios, plataformas digitales y redes sociales y, en muchos casos, generan consecuencias políticas inmediatas.

En agosto, la discusión llegó al terreno legislativo cuando el PAN planteó que las conferencias matutinas también fueran susceptibles de mecanismos de réplica cuando se difundieran hechos considerados falsos o inexactos. La pregunta es pertinente porque el principio debe ser universal: si se pretende proteger a las audiencias frente a la desinformación, la protección no puede depender de quién produce el contenido. El ciudadano no debería tener menos derechos porque la información provenga de un medio privado, de una institución pública o de una plataforma digital.

EL GRAN AUSENTE: EL UNIVERSO DIGITAL

Otro aspecto que merece atención es que la conversación pública ya no ocurre exclusivamente en la radio y la televisión, millones de personas se informan actualmente a través de redes sociales, plataformas de video, buscadores, podcasts, sitios digitales y sistemas de mensajería.

Regular exclusivamente a los concesionarios tradicionales podría dejar fuera una parte creciente del ecosistema informativo. Esto «per se» plantea una paradoja: mientras se construyen reglas cada vez más detalladas para los medios electrónicos tradicionales, buena parte de la información que consume la sociedad circula por espacios digitales mucho más difíciles de supervisar.

Por ello, cualquier política pública seria debe evitar que la defensa de las audiencias termine creando una regulación asimétrica, con obligaciones muy fuertes para radio y televisión mientras los nuevos actores digitales quedan prácticamente fuera.

La solución no es menos libertad, sino más responsabilidad, México necesita una discusión madura sobre medios de comunicación. No se trata de escoger entre periodistas y Gobierno. Tampoco entre libertad de prensa y derecho a la información.

La democracia necesita ambos.

Una prensa sin libertad puede convertirse en propaganda. Pero una prensa sin responsabilidad puede convertirse en una fuente de desinformación, el Estado debe garantizar derechos, no convertirse en árbitro de la verdad. Los medios deben asumir responsabilidades, pero sin quedar sometidos a la voluntad política.

Y las audiencias deben dejar de ser consideradas simples consumidoras para convertirse en sujetos activos del derecho a la información.

Ése debería ser el centro de la discusión.

UN DISEÑO QUE SOBREVIVA A LOS GOBIERNOS.

La propuesta federal tiene elementos que pueden ser positivos: códigos de ética, defensores de audiencias, derecho de réplica, diferenciación entre información y opinión y mayor transparencia frente al público, pero también requiere una revisión cuidadosa de los mecanismos de aplicación,particularmente aquellos que puedan permitir sanciones o decisiones administrativas relacionadas con contenidos.

La experiencia internacional demuestra que las democracias más sólidas no son aquellas que tienen gobiernos capaces de controlar mejor la información, sino aquellas que cuentan con instituciones capaces de limitar al poder, incluido el poder mediático y el poder político. Si el Gobierno Federal quiere realmente construir un nuevo régimen de derechos de las audiencias, debería hacerlo con una premisa sencilla: las reglas deben proteger al ciudadano incluso del gobierno que las está creando.

Eso significa fortalecer la autonomía del órgano regulador, establecer procedimientos transparentes, garantizar el debido proceso, definir con precisión las conductas sancionables y evitar conceptos excesivamente subjetivos que puedan utilizarse para castigar una línea editorial.

También significa reconocer que la libertad de expresión protege no solamente las opiniones cómodas o mayoritarias, sino también aquellas críticas, incómodas y discordantes.

EL VERDADERO PROTAGONISTA

Al final, el debate no debería ser Gobierno contra medios; Tampoco oficialismo contra oposición: El verdadero protagonista debe ser el ciudadano.

El ciudadano que tiene derecho a recibir información diversa; que puede cuestionarla; que puede exigir una réplica; que debe saber cuándo escucha una noticia y cuándo una opinión; que tiene derecho a distinguir publicidad de información y que, sobre todo, necesita contar con distintas fuentes para construir su propio criterio. El gran desafío de México consiste en construir una regulación que consiga algo aparentemente contradictorio: darle más poder a la audiencia sin darle más poder al gobierno sobre los medios. Ésa es la línea que habrá que cuidar.

Porque el derecho de las audiencias puede convertirse en uno de los avances democráticos más importantes de los últimos años si sirve para equilibrar la relación entre medios y ciudadanía, pero puede convertirse también en un retroceso si termina siendo utilizado para determinar qué pueden decir los periodistas, qué contenidos pueden difundirse o qué opiniones son aceptables desde el poder.

La diferencia estará en los candados. Y esos candados deben construirse ahora, antes de que cualquier gobierno —éste o cualquiera que venga— tenga la posibilidad de utilizarlos en contra de la libertad de expresión.

El derecho de las audiencias no debe significar que el Estado tenga derecho a decirnos qué escuchar. Debe significar que el ciudadano tenga más herramientas para decidir qué creer.

Ahí se encuentra la frontera entre una democracia que protege la información y un poder que pretende controlarla.