Por: Prof. Domingo Sánchez Alatorre.
El acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para reservar exclusivamente a mujeres las candidaturas a las presidencias municipales de 13 ayuntamientos rumbo a 2027 abre uno de los debates políticos y jurídicos más relevantes del próximo proceso electoral estatal. La medida contempla Apaseo el Grande, Comonfort, Cortazar, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Purísima del Rincón, Romita, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato y Valle de Santiago.
El IEEG sostiene que se trata de una acción afirmativa focalizada, temporal y complementaria, diseñada para enfrentar una desigualdad persistente en el acceso de las mujeres a las alcaldías. El argumento central es que las reglas de paridad aplicadas anteriormente no han sido suficientes para traducir la postulación de mujeres en una representación municipal equilibrada.
Sin embargo, el acuerdo también ha generado cuestionamientos. Representantes de Morena, PT, PRI, Movimiento Ciudadano y Somos México han planteado dudas sobre la justificación histórica de algunos municipios, la proporcionalidad de la medida y la posible afectación a la autodeterminación de los partidos. Incluso se ha mencionado la posibilidad de recurrir jurídicamente la decisión.
Uno de los puntos más sensibles está precisamente en la selección de los 13 municipios. Durante la discusión del acuerdo se señaló que en algunas de esas localidades sí han existido mujeres al frente de los ayuntamientos, aunque en ciertos casos llegaron mediante mecanismos distintos a una elección directa. Esto coloca bajo escrutinio la metodología utilizada por el órgano electoral.
El debate, por tanto, no se reduce a mujeres contra hombres. La discusión de fondo es cómo alcanzar una representación política más equilibrada sin generar dudas sobre la certeza jurídica, la autonomía partidista y los criterios utilizados para seleccionar determinados municipios.
El acuerdo ya modificó el tablero rumbo a 2027: los partidos deberán revisar sus procesos internos, identificar perfiles femeninos competitivos y, eventualmente, preparar sus estrategias jurídicas. La gobernadora Libia Dennise García ha expresado públicamente su respaldo a la medida, aunque también reconoció que este tipo de acciones afirmativas puede entrar en tensión con la autodeterminación de los partidos.
Así, el verdadero impacto político del acuerdo todavía está por medirse. Si permanece vigente, 13 municipios tendrán candidaturas exclusivamente femeninas; si es impugnado, los tribunales tendrán que pronunciarse sobre los límites y alcances de las acciones afirmativas. En cualquiera de los dos escenarios, Guanajuato enfrenta una discusión central para su democracia local: cómo convertir la paridad formal en una representación efectiva, con reglas que sean al mismo tiempo incluyentes, justificadas y jurídicamente sólidas.
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